​Statement of Archbishop Gustavo García-Siller, MSpS, on State District Judge ruling, Texas Attorney

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Catholic News Agency

Statement of Archbishop Gustavo García-Siller, MSpS, on State District Judge ruling, Texas Attorney General appeal concerning issuance of childcare licenses to federal detention centers

A ruling last Friday by a state district court judge in Austin that Texas could not license detention centers as childcare facilities was a victory for common sense. This decision greatly impacts two federal detention centers in Dilley and Karnes City which incarcerate migrant and refugee women and children. These facilities are located within the Archdiocese of San Antonio; I am the pastor to the people there.

The Department of Family and Protective Services should not license these prisons as residential childcare centers. As I have stated previously since these centers opened in 2014, many of the women are fleeing violence, in fear of their lives and the safety of their children. They need mercy and compassion, not derision and detention.

Yesterday, the Texas attorney general inexplicably appealed the judge’s ruling. In the past, the attorney general has argued that state licensing improves safety because it requires the facilities to submit to unannounced inspections and background check requirements. Both of the detention facilities are operated by private firms.

I have visited these detention facilities which are holding hundreds of family members from Central America and have asked myself: Why do we feel compelled to place in detention such vulnerable individuals — young mothers with children who are fleeing persecution in their home countries?They have already gone through a horrific experience on their journey to safety at the hands of smugglers and others, victims of violence and sexual assault.

Hundreds of women and children were released from the facilities at all hours over the weekend. U.S. Immigration and Customs Enforcement insisted the releases were part of normal operations, and that has been confirmed. We stand ready to assist all these families with their needs. Through Catholic Charities of the Archdiocese of San Antonio, we continue to reach out with humanitarian and legal assistance to help these families in this time of personal crisis. Hundreds of women and children have been provided food and blankets by Catholic Charities in the past couple of days. In addition, many people of good will and various organizations have served these vulnerable brothers and sisters, and for that I am truly grateful.

As the number of families entering the country through the Rio Grande Valley climbs to record numbers, I again reiterate my call to reform this broken immigration system. We need security and law; but there are financially responsible alternatives and compassionate solutions to the detention of mothers and children. It is time for our government officials to pursue them.

Declaración del Arzobispo Gustavo García Siller, MSpS, sobre la apelación del fallo del Juez Estatal de Distrito por parte del Procurador General de Texas con respecto a la expedición de licencias de cuidado infantil para centros de detención federales

Un fallo dictado el pasado viernes por un juez de un tribunal estatal de distrito en Austin, en el sentido de que Texas no puede otorgar licencia a centros de detención para que sirvan como guarderías, fue una victoria para el sentido común. Esta decisión afecta de manera importante a dos centros federales de detención en Dilley y Karnes City que encarcelan a mujeres refugiadas migrantes y niños. Estas instalaciones se encuentran dentro de los límites de la Arquidiócesis de San Antonio; yo soy el pastor de las personas que ahí se encuentran.

El Departamento de Familia y Servicios de Protección no debe dar licencia a estas prisiones como centros residenciales de cuidado infantil. Como he mencionado anteriormente, desde que estos centros abrieron sus puertas en 2014, muchas de esas mujeres vienen huyendo de la violencia, temiendo por sus vidas y la seguridad de sus hijos. Necesitan misericordia y compasión, no ser objeto de escarnio ni ser privadas de la libertad.

Ayer, el procurador general de Texas inexplicablemente controvirtió en apelación la decisión del juez. En el pasado, el procurador general ha argumentado que la licencia del estado mejora la seguridad, ya que esta requiere que las instalaciones sean sometidas a inspecciones sin previo aviso y a requisitos de revisión de antecedentes. Ambos centros de detención son operados por empresas privadas.

Yo he visitado estas instalaciones de detención, que tienen alojados a cientos de miembros de familias de América Central y me he preguntado: ¿por qué nos sentimos forzados a tener detenidas a personas tan vulnerables, es decir madres jóvenes con niños que huyen de la persecución en sus países de origen? Ya han pasado por una experiencia aterradora, siendo víctimas de violencia y agresión sexual a manos de contrabandistas y otros durante su viaje buscando seguridad.

Cientos de mujeres y niños fueron liberados de las instalaciones a todas horas durante el fin de semana. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement) insistió en que las liberaciones fueron parte de sus operaciones normales, lo cual ha sido confirmado. Estamos listos para ayudar a todas estas familias con sus necesidades. A través de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de San Antonio, continuamos acudiendo a ellos con asistencia humanitaria y jurídica para ayudar a estas familias en este momento de crisis personal. Cientos de mujeres y niños han recibido alimentos y mantas por parte de Caridades Católicas en los últimos dos días. Además, muchas personas de buena voluntad y varias organizaciones han servido a estos hermanos y hermanas vulnerables, y estoy verdaderamente agradecido por eso.

A medida que el número de familias que ingresan al país a través del Valle del Río Bravo sube a cifras récord, vuelvo a reiterar mi llamado a reformar este sistema de migración roto. Necesitamos seguridad y leyes; pero existen alternativas económicamente responsables y soluciones compasivas a la detención de madres e hijos. Es hora de que nuestros funcionarios del gobierno las busquen.